PUTUMAYO, Colombia — En lo profundo de la selva, en un pueblo controlado por los rebeldes, Joel realizaba simulacros junto a sus camaradas, fila tras fila de camaradas en camuflaje y botas, los rifles a los costados.
“A la de-re!”, gritaba su instructor.
Para Joel, de 36 años, esta escena era conocida. Había pasado seis años en el ejército, luchando en el frente contra una insurgencia brutal que aterrorizó a Colombia durante décadas.
Pero ahora tenía un nuevo empleador: un grupo armado ilegal que incluía a los mismos insurgentes que él había luchado por derrotar durante su carrera militar.
“Uno es consciente de que no debería existir esto”, dijo recientemente, acunando un rifle en su regazo. Pero después de dejar el ejército, comentó, le costaba llegar a fin de mes. Entonces recibió una oferta de un salario de 500 dólares mensuales, casi el doble del salario mínimo mensual de Colombia.
Ahora, “mis hijos están en mejores condiciones”, dijo, “porque sí tengo para la comida”.
El acuerdo de paz de Colombia, firmado en 2016 por el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, se suponía que daría paso a una nueva era de tranquilidad en un país que soportó más de cinco décadas de guerra. El acuerdo consistía en que los rebeldes dejarían las armas, mientras que el gobierno inundaría las zonas de conflicto con oportunidades de trabajo, aliviando así la pobreza y la desigualdad que dieron origen a la guerra.
Miles de combatientes de las FARC abandonaron las armas. Pero en muchos lugares, el gobierno nunca llegó. En lugar de ello, a numerosas zonas rurales de Colombia han vuelto los asesinatos, los desplazamientos y una violencia que, en algunas regiones, es ahora tan grave, o peor, que antes del acuerdo.
Las masacres y los asesinatos de defensores de derechos humanos se han disparado desde 2016, segúnNaciones Unidas. Y el desplazamiento sigue siendo sorprendentemente alto, con 147.000 personas obligadas a huir de sus hogares solo el año pasado, según datos del gobierno.
No es porque las FARC, como fuerza de combate organizada, hayan vuelto. Más bien, el vacío territorial que dejó la antigua insurgencia, y la ausencia de muchas de las reformas gubernamentales prometidas, han desencadenado un marasmo criminal a medida que se forman nuevos grupos, y los antiguos mutan, en una batalla por controlar las florecientes economías ilícitas.
Aunque muchos colombianos llaman a estos nuevos grupos “los disidentes”, en referencia a los combatientes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz, su composición es más compleja. En algunos se han unido antiguos enemigos —rebeldes, soldados y paramilitares— así como nuevos reclutas y miembros del crimen organizado, todos en torno al atractivo de un sueldo.
Un grupo de Comandos patrullando el río Putumayo.
Estos combatientes se enfrentan ahora a sus antiguos aliados por el control de un tráfico de drogas revitalizado, en una oleada de disturbios que se parece más a la violencia de las bandas criminales que a la insurgencia civil que hizo estragos durante tantos años.
“Estamos enfrentándonos camaradas con camaradas, hermanos de lucha contra hermanos de lucha”, dijo Benjamín Perdomo, uno de los fundadores de los Comandos de la Frontera, la milicia a la que Joel se unió hace seis meses, uno de los más de 30 grupos armados que, según los funcionarios de seguridad, han surgido desde 2016.
Al igual que otras personas entrevistadas para este artículo, Perdomo aceptó ser identificado únicamente por su nombre de guerra. Algunos individuos no son nombrados para proteger sus vidas.
En febrero, viajando en bote por una red fluvial en la selva amazónica, el Times pasó una semana con los Comandos. Visitamos varios pueblos bajo su control, vimos cómo movían armas y compraban drogas, y dormimos en un campamento donde los combatientes lanzaban granadas y hacían ejercicios a pocos metros del Putumayo, un río de importancia, sin policías ni militares a la vista.
Los Comandos ahora se enfrentan con el Frente Carolina Ramírez, otro grupo encabezado por antiguos líderes guerrilleros, por el control del Putumayo y el Caquetá, dos departamentos de la amazonía colombiana, cerca de la frontera con Ecuador y Perú, que tienen un papel fundamental en el tráfico de drogas.
Esos departamentos también albergan dos industrias relevantes para el país: el petróleo y la ganadería. En conjunto, los territorios en disputa constituyen alrededor del diez por ciento del país.
Cada vez más, son los civiles los que más sufren, atrapados entre estos grupos beligerantes e incluso los militares que intentan detenerlos.
Algunos expertos en seguridad advierten que si el gobierno no asume un papel más crucial en el combate a estas milicias y en el cumplimiento de las promesas del acuerdo, el país podría dirigirse hacia un estado más parecido a México —asolado por las bandas de narcotraficantes que se disputan el territorio— que a la Colombia de principios de este siglo.
“Hay un largo camino por recorrer para volver a 2002”, dijo Adam Isacson, director de supervisión de defensa en la Oficina de Washington para América Latina, refiriéndose al recuento de víctimas durante uno de los peores años de la guerra. “Pero ahora mismo estamos en ese camino”.
‘Todo se maneja por la plata’
Cuando los comandos llegaron a un pueblo ribereño un domingo reciente, la comunidad ya estaba en plena efervescencia del fin de semana: la música sonaba en un equipo de sonido y equipos de fútbol rivales salían al campo. Los combatientes, con sus rifles al hombro, se posicionaron en una parcela contigua, donde realizaron simulacros en una demostración de fuerza.
Los residentes observaban ambos espectáculos desde la barrera, con cervezas y paletas heladas en la mano.
El conflicto con las FARC se remonta a la década de 1960, cuando dos líderes comunistas declararon una rebelión contra el Estado con la promesa de sustituir al gobierno por uno que apoyara al pueblo campesino y pobre.
Durante décadas, la cocaína financió la mortífera lucha de las FARC. Luego llegó el acuerdo de paz, que exige al gobierno colombiano invertir en programas que ayuden a las comunidades rurales a deshacerse del cultivo de coca, el producto base de la cocaína, privando así a los grupos armados de sus ingresos.
Pero este pueblo, a horas de cualquier ciudad importante, es uno de los muchos a donde las alternativas sostenibles nunca llegaron, y la coca sigue dominando.
“El gobierno acá no ayudaba en nada”, dijo el presidente del concejo municipal de una comunidad controlada por las milicias. “Para nosotros la coca es el Estado”.
Para muchos habitantes aquí, los Comandos, que se formaron en 2017, son solo la milicia más reciente que ocupa el pueblo. Compran su coca y se han convertido en el principal empleador, la fuerza policial no oficial e incluso la gerencia de obras públicas.
Cuando la gente del lugar sigue las reglas, esta relación puede alcanzar una tensa simbiosis.
Pero cuando los residentes no cumplen las normas —o cuando un grupo rival se impone y trata de convertirse en el nuevo comprador de coca— la dinámica se vuelve mortal.
Bajo el antiguo régimen de las FARC, los líderes aseguraban que su reino del terror estaba al servicio de una causa superior. Perdomo, de los Comandos, hace una afirmación similar, al decir que su grupo lucha por “desarrollo, progreso y justicia social” para los colombianos pobres.
Pero en las entrevistas con casi una veintena de Comandos de la tropa, pocos tenían la sensación de que su trabajo tuviera un objetivo mayor. Una de ellas era una madre soltera que no podía criar a sus hijos con los 90 dólares mensuales que ganaba limpiando casas; otro era un antiguo combatiente de las FARC que había descubierto que podía cobrar el doble como médico de la unidad que en un hospital público.
Los Comandos no solo pagan mucho más que muchos empleadores colombianos, sino que también ofrecen vacaciones.
Esto, dijo Perdomo, ha permitido al grupo atraer a cientos de reclutas. (Un alto funcionario de seguridad declinó cuantificar el tamaño de los Comandos).
“No es como una guerrilla que toma un trabajo por la conciencia”, dijo un combatiente. “Todo se maneja por la plata”.
‘Nos destruyeron la vida en un momentico’
En toda Colombia, los enfrentamientos entre grupos armados están en el nivel más alto que se ha alcanzado desde que se firmó el acuerdo de paz, según la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal creado por el acuerdo para investigar la guerra.
El año pasado murieron más de 13.000 personas, el mayor número desde 2014.
Ahora hay seis conflictos distintos en el país, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, tres de los cuales involucran a ex grupos de las FARC.
En el Putumayo, los Comandos han sido acusados de llevar a cabo asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y una “movilización del terror”, según la Defensoría del Pueblo de Colombia, encargada de monitorear las violaciones de los derechos humanos. El Carolina Ramírez es igual de brutal, dice el defensor del pueblo.
En agosto, un pequeño pueblo escondido en un recodo del río Putumayo se convirtió en uno de los más recientes en ser asediado. La comunidad, un conjunto de modestas casas de madera, fue inicialmente retenida por los Comandos. Pero tres residentes describieron el modo en que integrantes del Frente Carolina Ramírez entraron un día, antes del amanecer, reunieron a los residentes del lugar e insistieron en que ellos estaban al mando.
Una mujer, tan angustiada que apenas podía relatar su historia, contó que se despertó cuando su marido entró corriendo a su casa, diciéndole que estaba a punto de morir. Luego llegó el sonido de las balas y los combatientes que amenazaron con bombardear su casa si no los dejaba entrar.
“Le abrí la puerta y me arrodillé, que no lo fueran a matar”, dijo. Sus hijos vieron cómo los hombres se llevaron a rastras a su padre. Semanas más tarde, el Carolina Ramírez publicó un video en el que acusaba a su esposo de trabajar con los Comandos y anunciaba que estaba muerto.
Otra mujer de otro pueblo del Putumayo describió cómo una noche unos hombres armados dispararon y mataron a su madre, una funcionaria local, y a su padrastro, un antiguo combatiente de las FARC, mientras su familia observaba impotente. La mujer no mostró ninguna emoción al contar su historia, con los ojos fijos en el suelo.
“Nos destruyeron la vida en un momentico”, dijo.
El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo en una entrevista que las Fuerzas Armadas estaban haciendo “todos los esfuerzos” para combatir a estos nuevos grupos, al redoblar su enfoque en la eliminación de los cabecillas, la erradicación de la coca y la desmovilización de los combatientes.
“En general, hemos contenido la amenaza”, aseguró.
Pero tras una reciente operación en la que el Ejército anunció que había matado a 11 Comandos, grupos de la sociedad civil afirmaron que varios de los muertos eran en realidad civiles, y que el ataque había tenido lugar durante una recaudación de fondos del pueblo.
Molano negó estas acusaciones. “Operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc”, tuiteó. “No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros”.
El complejo problema de seguridad de Colombia nunca se iba a resolver en un mandato presidencial de cuatro años. Pero los críticos dicen que este nuevo ciclo de violencia se alimenta gracias a la falta de compromiso del gobierno con los programas del acuerdo de paz.
El presidente Iván Duque, un conservador, lideró una vez una campaña para cambiar los términos del acuerdo de 2016, calificándolo de demasiado benévolo con las FARC. Desde que asumió el cargo en 2018, ha dicho que acepta el acuerdo.
Sin embargo, las cifras cuentan una historia diferente, dicen sus oponentes. Cuando Duque, que está limitado a un solo mandato, asumió el cargo, el 22 por ciento del acuerdo ya se había cumplido en su totalidad, según el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz. Durante su mandato, aumentó esa proporción en ocho puntos porcentuales, según los datos más recientes.
Duque ha dicho que un tercio de las disposiciones del acuerdo ya se han aplicado en su totalidad, lo que sitúa al país en vías de completar el acuerdo dentro del plazo de 15 años. Sin embargo, dejará el cargo en agosto tras una caída de los índices de aprobación que, según muchos, refleja tanto la preocupación por la seguridad como la creciente frustración por la falta de empleos bien pagados.
“En el gobierno actual hay un problema de desaprovechar la oportunidad de un acuerdo”, dijo Marco Romero, director de Codhes, un grupo de derechos humanos, calificando el actual nivel de violencia de “escandaloso”.
‘Huele a guerra’
Decenas de Comandos acamparon cerca de las orillas del Putumayo, colocando sus camas entre los árboles y construyendo una cocina junto a una granja de madera.
Aquí, los combatientes instalaron internet satelital entre las vacas y las gallinas de los agricultores, y trajeron helados y tamales de un pueblo cercano. Compraron gruesos ladrillos de pasta de coca a los agricultores cercanos —para venderlas a otros narcotraficantes— y probaron lanzagranadas destinados a sus enemigos, el Carolina Ramírez.
“¡Huele a guerra!”, gritó alguien cuando una granada salió volando hacia un campo cercano.
Si bien esta nueva generación de grupos armados se ha fracturado en gran medida, los expertos en seguridad dicen que están empezando a notar una coalescencia más clara en dos facciones, ambas dirigidas por antiguos líderes de las FARC que aseguran querer reconstruir la insurgencia.
La preocupación, según Kyle Johnson, analista de Conflict Responses, una organización sin fines de lucro de Colombia, es que estas alianzas pueden ocasionar que la violencia pase de ser un mosaico de batallas entre pequeños grupos a un enfrentamiento entre dos grandes, lo que establecería un conflicto a nivel nacional.
“Parece difícil encontrar un escenario peor” que el actual, dijo Johnson, “pero ese sería un escenario mucho peor”.
Quizás la mayor diferencia entre las antiguas FARC y los Comandos es contra quién luchan. Las FARC luchaban contra el Estado. Pero los Comandos no atacan al gobierno, ni lo consideran su enemigo, dijo Perdomo, quien pasó más de una década con las FARC.
De hecho, fue una amenaza de otro ex grupo de las FARC —“únete a nosotros o te matamos”— lo que lo obligó a formar los Comandos, dijo.
Cientos de excombatientes de las FARC han sido asesinados desde el acuerdo de paz, algunos de ellos a manos de sus antiguos compañeros, y muchos grupos de derechos humanos afirman que la falta de protección a los excombatientes por parte del Estado contribuye a impulsar el rearme.
Perdomo dijo que su propósito era proteger a los excombatientes y a cualquier colombiano de la brutalidad del Carolina Ramírez. El objetivo, dijo, era “erradicar” al grupo rival, y luego negociar un acuerdo de paz más sólido con las autoridades de la capital, Bogotá.
El negocio de la droga, añadió, era simplemente “un medio” para conseguirlo.
“Estamos hablando de defender la vida”, dijo. “A nosotros no nos importa el dinero ni nada, lo único que nos importa realmente es que nuestra sociedad de hermanos se calme”.
Pero los analistas de seguridad señalan que la decisión de los Comandos de no enfrentarse al gobierno también es muy positiva para su negocio: si no atacan al Estado, es menos probable que atraigan su poder de combate. Aunque eso no ha impedido que el gobierno los persiga.
Un día, después del desayuno, un grupo de combatientes se separó en preparación para sus dos semanas de vacaciones. Cambiaron el camuflaje por jeans y camisetas para volver a la vida con sus familias y amigos.
Con el sol cerca del cenit, envolvieron sus armas en plástico y fijaron etiquetas de identificación a los paquetes; los dejaron en custodia mientras estaban fuera. Luego se subieron a una lancha de colores brillantes y bajaron a toda velocidad por el Putumayo durante horas, con cervezas y whiskys en la mano y la música rugiendo tras de sí.
“Mire, socio, le advierto una cosa”, cantaban los Comandos al ritmo de una canción popular, “cien de ustedes haremos pedazos”.
Federico Rioscolaboró con la reportería.
