LIMA — Al menos 17 personas fallecieron el lunes en el sur de Perú en cuestión de horas mientras continúan las protestas tras la destitución del presidente, una oleada de violencia extraordinaria que ha derivado en críticas sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los militares y la policía.
Las muertes han generado preocupación de que las protestas sigan creciendo.
Perú, el quinto país más poblado de América Latina, ha sido escenario de manifestaciones violentas desde mediados de diciembre, cuando el entonces presidente de izquierda del país, Pedro Castillo, quien había prometido atender los viejos problemas de la pobreza y desigualdad, intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. La medida fue condenada de manera generalizada como una acción inconstitucional, Castillo fue detenido y su vicepresidenta fue juramentada en su lugar.
Los partidarios de Castillo, muchos de ellos provenientes de regiones rurales desfavorecidas, rápidamente tomaron las calles para pedir nuevas elecciones generales y varios de ellos afirmaron que les habían quitado el derecho a ser gobernados por el hombre que habían elegido para el cargo solamente un año antes.
La violencia del lunes en la ciudad sureña de Juliaca, cerca de la frontera con Bolivia, marcó el enfrentamiento más mortífero entre civiles y actores armados en Perú en al menos dos décadas, cuando el país salió de una dictadura y de una lucha prolongada y brutal con una guerrilla violenta, un conflicto que dejó al menos 70.000 personas muertas, muchas de ellas civiles.
El martes, Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, un grupo de rendición de cuentas, culpó de las muertes del lunes al “uso indiscriminado de la fuerza” por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
“Lo que ocurrió ayer realmente fue una masacre”, dijo. “Fueron asesinatos extrajudiciales”.
El ministro del Interior de Perú, Víctor Rojas, dijo que las protestas en Juliaca habían comenzado de manera pacífica pero que se volvieron violentas alrededor de las 3 p. m., cuando alrededor de 9000 manifestantes intentaron tomar el control del aeropuerto y personas con armas improvisadas y explosivos atacaron a la policía.
Rojas aseguró que las fuerzas de seguridad habían actuado dentro de los límites legales para defenderse. Fue “imposible controlar a la turba”, dijo.
Las manifestaciones comenzaron en el país poco después de que, el 7 de diciembre, las autoridades detuvieran a Castillo por cargos de rebelión. Algunas protestas en el último mes han sido pacíficas; en otros casos, los manifestantes han usado hondas para arrojar piedras, bloquear carreteras en vías cruciales, quemar edificios gubernamentales y tomar aeropuertos.
Cuando la nueva presidenta, Dina Boluarte, exaliada de Castillo, declaró en diciembre el estado de emergencia, los militares salieron a las calles para mantener el orden.
La violencia del lunes eleva el número de fallecidos a nivel nacional desde la destitución de Castillo a al menos 46 personas, según la Defensoría del Pueblo de Perú. Todos los muertos han sido civiles, aseguró el organismo: 39 personas que murieron en medio de las protestas y siete que fallecieron en accidentes de tránsito relacionados con el caos o como resultado de los bloqueos de los manifestantes.
Cientos de policías y civiles han resultado heridos.
En ese recuento no fue incluido el cuerpo de una persona hallada muerta en dentro de un vehículo policial incendiado en Juliaca el martes, luego de que el ministro del Interior dijera que el auto había sido atacado.
Las convulsiones violentas en Perú se producen en un momento en el que Sudamérica enfrenta amenazas importantes en muchas de sus democracias , y cuando las encuestas muestran niveles excepcionalmente bajos de confianza en las instituciones gubernamentales, los políticos y los medios de comunicación.
El domingo, simpatizantes de Jair Bolsonaro, el expresidente de extrema derecha de Brasil, asaltaron el Congreso y otros edificios de la capital, impulsados por la creencia de que las elecciones que Bolsonaro perdió en octubre habían estado amañadas. En la vecina Bolivia, estallaron protestas en Santa Cruz, centro económico del país, tras la detención del gobernador de la oposición, cuyos partidarios afirman que está siendo perseguido por el gobierno en el poder.
El derramamiento de sangre más reciente en Perú ocurrió en la región de Puno, una zona predominantemente indígena del país, luego de que miles de personas de comunidades aimaras alejadas llegaran masivamente a la ciudad de Juliaca.
Muchas exigen que Castillo regrese a la presidencia, un reclamo que resulta políticamente inviable en la capital, Lima, y una medida que sería ilegal.
La petición principal es que se celebren nuevas elecciones generales, que según las autoridades electorales podrían realizarse tan pronto como a fines de este año. El Congreso, integrado por muchos representantes reacios a ceder sus escaños, rechazó un lapso tan ajustado, pero apoyó una propuesta para una votación en abril de 2024.
A primera hora de la tarde del martes, Boluarte aún no había hecho comentarios sobre los disturbios desde que confirmó la muerte del primer civil un día antes, cuando parecía exasperada con las demandas de los manifestantes.
“Lo único que estaba en mi mano era el adelanto de elecciones, y ya lo propusimos”, dijo Boluarte el lunes en un evento. “En paz y orden todo se puede lograr, en mitad de la violencia y el caos se complica más, se hace difícil”.
Julie Turkewitz es la jefa de la oficina de los Andes y da cobertura a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de trasladarse a Sudamérica, fue corresponsal nacional en el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz
